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El 15 de marzo, y desde 1.983, se conmemora el Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras.
Pero este 15 de marzo de 2.021 se celebra uno muy especial al cumplirse un año desde el inicio de las medidas extraordinarias implantadas en todos los ámbitos de nuestra vida por la aparición del SARs-CoV-2, causante del Covid-19.
Al igual que en otros muchos ámbitos, en el nuestro, en el relativo a los Derechos de las Personas Consumidoras, ha supuesto también una vorágine: cierres, cancelaciones, suspensiones, prestaciones interrumpidas, compromisos incumplidos y hasta incumplibles, marejada normativa, …
A diferencia de otras crisis en Consumo, que se referían a un sector o una actividad económica concreta, esta vez ha sido la totalidad de la población la afectada y la práctica totalidad de sectores económicos los que han visto generar problemas de índole consumidora, sin que en muchos casos haya un culpable pero sí muchos perjudicados que han visto cómo lo que habían abonado en concepto de bienes y servicios queda en un limbo porque no reciben ni la prestación, ni el reembolso de su dinero.
Un servicio público gratuito
En este marco, la OMIC de Tolosaldea ha continuado prestando un gran servicio; ha visto y mantenido su actividad exponencialmente incrementada, plasmando su marca de Servicio Público Gratuito, muy competente en lo técnico y cercano en lo personal.
La OMIC de Tolosaldea ha sido el punto de referencia para la ciudadanía en materia de conocer sus derechos y tratar de recibir la orientación y mediación necesaria de forma gratuita, en un entorno jurídico alocado con una catarata de normativas, en ocasiones contradictorias, confusas y cambiantes que ha supuesto un esfuerzo sin precedente del personal de las OMIC.
Mirando hacia el futuro con ilusión, celebremos este día, no con la alegría que los fallecidos nos impiden mostrar pero sí con la confianza de que las personas consumidoras tienen quien defienda sus derechos, esperando que las OMIC se conviertan en el centro de las políticas de Consumo por su cercanía y sea posible su reconocimiento en un futuro inmediato de su poder arbitral por su ejemplar naturaleza pública, objetiva e independiente.
